El vocero presidencial Manuel Adorni encabezó la conferencia en la que se oficializó el llamado «Plan de Reparación Histórica de los Ahorros», que busca canalizar los más de 200 mil millones de dólares no declarados que los argentinos tienen fuera del sistema financiero.
En una nueva embestida contra los marcos regulatorios vigentes, el gobierno de Javier Milei anunció este jueves un amplio blanqueo de dólares no declarados acompañado por la eliminación de múltiples regímenes de información fiscal. La medida, comunicada con entusiasmo por el vocero presidencial Manuel Adorni, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del ARCA Juan Pazo, promueve la desregulación casi total del flujo de dinero en efectivo y en moneda extranjera, bajo el lema “lo tuyo es tuyo y no es del Estado”. Mientras el mensaje oficial destaca la idea de “libertad” económica, el desmantelamiento de los controles genera preocupación entre quienes ven en esta decisión un retroceso en materia de transparencia, trazabilidad financiera y prevención del delito económico.
Entre los anuncios más significativos, se confirmó la derogación de los regímenes que obligaban a informar compras con tarjetas de crédito, operaciones inmobiliarias, consumo de servicios públicos y adquisición de vehículos usados. Incluso los bancos dejarán de pedir la declaración jurada de impuestos nacionales, y los escribanos ya no deberán reportar ventas. También se incrementaron significativamente los umbrales para que las entidades financieras informen movimientos: las transferencias bancarias que antes debían reportarse a partir de 1 millón de pesos ahora sólo deberán informarse desde los 50 millones, en el caso de personas físicas. Una decisión que, en los hechos, borra del radar fiscal a buena parte de las operaciones económicas diarias.
En paralelo, el FMI brindó su respaldo al mega blanqueo, aunque advirtió sobre la necesidad de que se respeten las normas internacionales contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Julie Kozack, portavoz del organismo, pidió que cualquier medida relacionada con activos no declarados sea “coherente con los marcos AML y CFT”, dejando entrever cierta cautela frente a un plan que, aunque celebrado por los funcionarios locales, podría generar tensiones con los compromisos asumidos ante organismos multilaterales. La reacción fue leída como una señal diplomática de apoyo, pero no sin reservas.
Según el propio Juan Pazo, el nuevo esquema “va a poner el foco en la facturación y los gastos deducibles”, pero ya no en los consumos personales ni en el patrimonio de los ciudadanos. Esto implica, por ejemplo, que los gastos en efectivo de hasta 10 millones de pesos podrán realizarse sin ningún tipo de identificación o registro. Aun en un contexto donde la economía informal supera el 40%, el gobierno se desliga del deber de registrar estas transacciones y prefiere que el ciudadano acepte o rectifique lo que ARCA le proponga anualmente como impuesto a pagar. Una lógica que, lejos de fomentar la formalización, parece cristalizar la opacidad.
El contraste entre el relato oficial y las implicancias prácticas del blanqueo es evidente. Mientras se promociona una política supuestamente libertaria y amigable con el contribuyente, los especialistas advierten que las medidas podrían abrir la puerta a maniobras de evasión fiscal, lavado de dinero y debilitamiento del sistema financiero. A esto se suma el hecho de que muchos de los mecanismos que ahora se derogan estaban diseñados para detectar inconsistencias patrimoniales o ingresos no declarados, es decir, para proteger el equilibrio del sistema impositivo frente a la desigualdad.
En definitiva, el blanqueo presentado como un alivio fiscal podría terminar siendo, para algunos, una oportunidad para profundizar la concentración de la riqueza en la informalidad. Sin mecanismos de control ni obligaciones de reportar operaciones millonarias, el Estado cede herramientas clave para garantizar justicia tributaria y equidad. En lugar de achicar la brecha entre quienes pagan y quienes no, el nuevo régimen parece institucionalizarla.
