El presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis encabezaron la apertura del nuevo centro de detención para migrantes en los Everglades.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró este martes en Florida un controvertido centro de detención migratorio bautizado como el «Alcatraz de los Caimanes», construido en un aeropuerto abandonado dentro de la región de los Everglades. Acompañado por el gobernador Ron DeSantis, Trump justificó la instalación como parte de una política migratoria más eficiente y severa. El nuevo centro, rodeado de pantanos y fauna salvaje, pretende alojar a cientos de migrantes y agilizar los procesos de deportación mediante jueces «in situ». «Tenemos muchos guardaespaldas y muchos policías en forma de caimanes. No hay que pagarles tanto», ironizó el mandatario, dejando entrever que el aislamiento y los peligros naturales del entorno podrían funcionar como elementos disuasorios.
La inauguración provocó la reacción inmediata de organizaciones indígenas y ambientalistas, que se manifestaron contra la edificación de la prisión en tierras consideradas de alto valor ecológico. «Estamos aquí por la tierra, para preservar nuestra tierra de hogar», expresó un representante de los pueblos originarios Miccosukee y Seminole. Entre pancartas que rezaban «ICE fuera de nuestras tierras sagradas» y «No usen la naturaleza como arma», la protesta fue dispersada por la policía tras un cruce con simpatizantes de Trump y una fuerte tormenta. Paralelamente, el fiscal general de Florida, James Uthmeier, defendió el aislamiento del centro: «Si la gente sale, no les espera gran cosa, aparte de caimanes y pitones».
El gobierno asegura que su objetivo principal es detener a migrantes con antecedentes penales, aunque activistas señalan que muchas personas son arrestadas sin cargos. Con una capacidad estimada en hasta cinco mil camas y un presupuesto anual que rondará los 450 millones de dólares, el centro estará bajo control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entidad que ya había sido blanco de fuertes críticas por redadas masivas. La Casa Blanca y autoridades locales sostienen que los migrantes serán juzgados en uno o dos días y deportados de forma casi inmediata, lo que ha sido señalado como una posible vulneración a las garantías procesales mínimas.
Mientras tanto, en paralelo al acto de inauguración, se realizó en todo el país un «sick-out», un paro simbólico liderado por organizaciones pro migrantes, en el que miles de trabajadores se reportaron enfermos como forma de protesta. «Estamos hartos de los ataques criminales de la administración Trump contra la clase trabajadora», expresaron los convocantes en un comunicado, rechazando la intención del presidente de llevar adelante «la mayor operación de deportación en la historia de EE.UU.». La política migratoria de Trump, uno de los ejes centrales de su nuevo mandato, enfrenta crecientes resistencias tanto sociales como legales, en medio de un clima de polarización creciente.
