La Nación destacó el «diálogo», pero las provincias firmaron un documento conjunto y redactaron un proyecto de ley ante la falta de respuestas concretas.
En un clima de creciente tensión por la situación fiscal de las provincias, 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño se reunieron en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para avanzar en una posición común respecto al reparto de recursos nacionales. La convocatoria, decidida por los propios mandatarios, tuvo como eje la distribución del impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ante la falta de avances en encuentros anteriores, los gobernadores redactaron un proyecto de ley para modificar esos criterios de asignación, exigiendo mayor participación en la toma de decisiones. Participaron del encuentro tanto referentes opositores como dirigentes cercanos al oficialismo, lo que refuerza la idea de un frente común ante la Casa Rosada.
La iniciativa propone eliminar los fondos fiduciarios que hoy se financian con el impuesto a los combustibles y destinar esos recursos a las jurisdicciones según sus propias prioridades. Además, plantea que el reparto de los ATN se realice en base al esquema de coparticipación vigente. La propuesta fue firmada por representantes de las 24 jurisdicciones y presentada como una respuesta coordinada frente a lo que consideran una falta de sensibilidad por parte del Ejecutivo nacional. Si bien algunos funcionarios del Gobierno estuvieron presentes en el encuentro —como el secretario de Hacienda Carlos Guberman—, los gobernadores consideraron insuficientes las respuestas y optaron por dejar asentado su reclamo en un documento conjunto.
Desde el Gobierno nacional, en cambio, calificaron la reunión como «positiva» y destacaron la disposición al diálogo. Según fuentes oficiales, se presentó una contrapropuesta que los mandatarios se comprometieron a evaluar. Sin embargo, el hecho de que los gobernadores se retiraran sin hablar con la prensa y con un proyecto en mano da cuenta de que las diferencias persisten. Incluso algunos dirigentes habitualmente moderados, como Osvaldo Jaldo, advirtieron públicamente que de no haber reacción del Gobierno «el costo social será muy alto». La caída del consumo, el freno a la obra pública y la falta de ejecución de créditos internacionales agravan las dificultades en las provincias.
El encuentro en el CFI fue seguido de cerca por la Casa Rosada, que intenta mantener abiertos los canales institucionales en un contexto económico delicado. En paralelo, se anunció la convocatoria al Consejo de Mayo, una instancia prevista en el Pacto firmado semanas atrás, que busca generar consensos legislativos en temas estratégicos. A esa reunión asistirán funcionarios, legisladores, empresarios y sindicalistas, con el objetivo de ordenar la discusión económica a nivel nacional. Sin embargo, el contraste entre ese foro y los reclamos concretos de los gobernadores evidencia una distancia que aún no se logra cerrar.
El malestar provincial tiene como telón de fondo la caída en la recaudación, que limita la capacidad financiera de los distritos para afrontar sus compromisos. Según datos de la Auditoría General de la Nación, hay al menos 47 créditos internacionales vigentes que no están siendo ejecutados, lo que impacta directamente en obras e inversiones previstas. Mientras el Gobierno pone el foco en el equilibrio fiscal, los gobernadores insisten en que se necesita una distribución más equitativa de los recursos para sostener servicios básicos y contener el impacto social de la crisis.
Pese a las diferencias, ninguna de las partes considera roto el vínculo. Desde las provincias subrayan que no buscan confrontar sino obtener lo que consideran justo. El Gobierno, por su parte, mantiene una actitud expectante y promete estudiar la propuesta. Con gestos moderados y decisiones firmes, los gobernadores parecen decididos a aumentar la presión institucional sin romper del todo los puentes, en una negociación que seguirá en desarrollo en los próximos días.
