El fiscal Guillermo Marijuan imputó a Mario Lugones por abuso de autoridad tras el desplazamiento del Consejo Directivo del Garrahan. La denuncia fue impulsada por Elisa Carrió.
La Justicia imputó al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tras haber desplazado de forma arbitraria al Consejo Directivo del Hospital Garrahan. La medida fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, luego de una denuncia presentada por Elisa Carrió y legisladoras de su espacio, quienes señalaron que la intervención del ministro se dio por el pago de un bono de 500 mil pesos al personal del hospital, una suma que, según argumentan, fue otorgada legalmente y con recursos propios del consejo.
La acusación contra Lugones llega en el contexto de una profunda crisis en el Garrahan, el mayor hospital pediátrico del país, donde médicos residentes y personal de salud vienen denunciando un vaciamiento sistemático por parte del Gobierno nacional. A pesar de un reciente anuncio de aumento salarial del 60%, la Asamblea de Residentes desmintió que exista una propuesta formal por parte del Ministerio de Salud. «No hay ninguna oferta oficial, sólo un mensaje sin firma publicado en redes sociales», explicó AzulSantana, residente de primer año en pediatría.
El comunicado, difundido por el propio hospital y replicado por el Ministerio, fue interpretado por los trabajadores como una maniobra comunicacional sin sustento real. La Asamblea de Residentes señaló que su empleador no es el hospital, sino directamente la cartera que conduce Lugones. A través de un comunicado, los residentes exigieron una mesa de diálogo real, con propuestas concretas y a través de los canales institucionales correspondientes. «Lamentamos profundamente las vías de comunicación y los términos utilizados», expresaron.
Mientras tanto, la investigación judicial avanza. El fiscal Marijuan solicitó tres medidas de prueba claves: un informe con el organigrama del hospital, los antecedentes de la composición del Consejo Directivo antes y después del conflicto, y copias de las resoluciones que justificaron la entrega del bono. La sospecha, según los denunciantes, es que la cartera de Salud quiso intervenir para evitar que otros hospitales reclamen lo mismo en medio del ajuste fiscal promovido por el Ejecutivo.
La imputación al ministro se inscribe en una serie de tensiones crecientes entre el Gobierno y el sistema de salud pública. Las críticas se acumulan por la falta de diálogo con trabajadores, la subejecución de presupuestos y las decisiones unilaterales que afectan directamente la atención y el funcionamiento de hospitales nacionales. La denuncia de Carrió –quien llegó a hablar de «crimen moral» y señaló también al ministro Caputo–, desnuda internas entre aliados circunstanciales y evidencia la fragilidad institucional de la actual gestión en áreas clave como salud y educación.
En un país golpeado por la inflación, el ajuste y el deterioro del salario real, el conflicto en el Garrahan es una postal de época. Mientras el Gobierno insiste en mostrar eficiencia con recortes y reducciones presupuestarias, en la trinchera hospitalaria los trabajadores advierten que lo que está en juego no es un bono ni una interna política, sino la calidad de atención médica para miles de niños y niñas de todo el país. Y que la verdadera «austeridad» no debería cobrarse en derechos laborales ni en salud pública.
