El máximo tribunal rechazó los recursos y ratificó la pena de seis años de prisión para la expresidenta, que no podrá competir en las próximas elecciones.
La Corte Suprema de Justicia dejó firme este martes la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por la denominada «Causa Vialidad», ratificando la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En una decisión unánime, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti rechazaron todos los recursos de la defensa y confirmaron el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal N°2 y luego avalado por la Cámara Federal de Casación Penal. Con este dictamen, la dos veces presidenta de la Nación quedó formalmente excluida del proceso electoral de este año, lo que marca un punto de inflexión en la política argentina.
La confirmación del fallo generó una inmediata reacción en sectores del peronismo, que denunciaron un accionar judicial «que no respeta las reglas de la democracia ni la voluntad popular». Desde el entorno de Axel Kicillof hasta la conducción de la CGT, distintas voces advirtieron que se trata de una persecución política cuyo único objetivo es proscribir a Cristina. «Es un intento de proscripción política que le hace daño a nuestra Patria», expresó el intendente Jorge Ferraresi, mientras que Mariano Cascallares señaló que «a Cristina primero intentaron asesinarla y ahora quieren detenerla». A nivel institucional, el Gobierno nacional se mantuvo en silencio frente a la sentencia, y trascendió que enviará fuerzas federales para reprimir las manifestaciones organizadas en apoyo a la expresidenta.
Los fundamentos de la Corte se sostienen sobre el fallo de Casación, que detalló una supuesta maniobra delictiva entre 2003 y 2015 destinada a beneficiar a LázaroBáez mediante licitaciones direccionadas, sobreprecios y obras inconclusas. Si bien no se logró probar el delito de asociación ilícita, como había solicitado el fiscal Luciani, sí se acreditó una estructura de fraude sostenida en el tiempo. A partir de esto, se ratificó además el decomiso de más de 84.000 millones de pesos. El ministro Gustavo Hornos votó en disidencia parcial, pidiendo que se sumara el delito de asociación ilícita, pero su posición no prosperó.
Con esta decisión, la CorteSuprema cierra una causa que estuvo atravesada por el calendario electoral desde su inicio y cuyas derivaciones políticas nunca estuvieron disimuladas. La figura de Cristina Fernández de Kirchner fue desde el comienzo el eje de una narrativa judicial alimentada desde medios y sectores del poder concentrado, cuyo desenlace ya parecía anticipado. A pesar del fallo, quedan en pie las críticas sobre la velocidad del tratamiento, la filtración de información a la prensa y la falta de garantías procesales durante el proceso.
En paralelo al anuncio, se registraron numerosos cortes de ruta y marchas convocadas por sindicatos como SMATA, las dos CTA y organizaciones sociales. «La democracia está en peligro», expresó la CGT en un comunicado, alertando sobre la gravedad institucional del fallo. La sede del Partido Justicialista en la calle Matheu fue uno de los principales focos de las movilizaciones. Allí, referentes del movimiento obrero señalaron que el fallo «altera el funcionamiento institucional» y denunciaron «una difusión anticipada y manipulada» del proceso judicial.
En un contexto de creciente polarización política, la sentencia contra la exmandataria no sólo excluye a una dirigente con amplio respaldo electoral, sino que también vuelve a instalar el debate sobre la legitimidad del accionar del PoderJudicial. El respaldo tácito del Gobierno nacional a la decisión de la Corte, sin siquiera plantear reparos, refuerza la idea de que ciertos consensos básicos en torno a las reglas democráticas están siendo abandonados. Lejos de cerrar una etapa, este fallo parece abrir un nuevo capítulo de confrontación política, con la institucionalidad en el centro de la escena.