El dictamen de más de 60 páginas elaborado por los fiscales Navas Rial y Rodríguez desmonta el relato oficial sobre el vuelo privado que ingresó al país con valijas sin declarar.
El dictamen de los fiscales federales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez sobre el caso del vuelo privado PRVN18RU, arribado el 26 de febrero de 2025 desde Miami, confirma lo que el Gobierno de Javier Milei, a través de su vocero ManuelAdorni, intentó minimizar: hubo irregularidades serias y documentadas en el ingreso de diez valijas al país que no fueron inspeccionadas por Aduana, y cuya existencia ni siquiera fue declarada en los formularios oficiales. Lo que empezó como una denuncia periodística, hoy está respaldado por una investigación judicial con pruebas concretas: videos, registros incompletos, omisiones deliberadas y testimonios comprometedores.
Las imágenes que confirman que 10 valijas de un vuelo privado de Miami entraron al país sin control | Noticiero 9
A pesar de que en una conferencia de prensa Adorni afirmó que «todo se hizo de acuerdo a los protocolos», las imágenes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) muestran otra realidad: se puede ver a Laura Belén Arrieta, gerente de OCP Tech y pasajera del vuelo, bajar del avión y ser conducida, junto a los tripulantes, por una vía de control alternativo, sin pasar por escáneres ni por revisión de equipajes. Mientras el resto de los pasajeros que arribaban en simultáneo eran sometidos a controles exhaustivos, el grupo del vuelo N18RU fue conducido por personal aduanero a un canal exclusivo, fuera de los procedimientos establecidos.
Una operación con zonas oscuras
El avión, propiedad del empresario Leonardo Scatturice —cercano al presidente estadounidense Donald Trump y flamante dueño de Flybondi— no solo ingresó valijas sin control, sino que tampoco quedó debidamente registrado en las bases de datos de ANAC ni Migraciones. Declararon cinco bultos, pero se vieron más de diez. Se declaró como aeropuerto de origen Fort Lauderdale, pero partió desde Opa–locka. Al salir, el destino oficial fue «Estados Unidos», pero el vuelo aterrizó en París con escala en Tenerife. Todos estos elementos constan en el dictamen fiscal de más de 60 páginas que desmiente uno por uno los intentos del Ejecutivo por desdramatizar el caso.
A esto se suman otros datos que profundizan las sospechas. Los fiscales describen como «discrecionalidad no reglada» el circuito de excepción por el que pasó la tripulación. No se dejaron registros sobre la inspección del avión, se detectaron huecos en los videos del hangar y no se justificó por qué las valijas quedaron en tránsito sin fiscalización, violando la condición básica de que el avión debía salir en idénticas condiciones a las de su ingreso. Las declaraciones de los pilotos agregan confusión: admitieron que hubo equipaje perteneciente a una persona que no viajó en el ingreso, sino que abordó solo al regreso.
Arrieta, valijas y gestos que no convencen
La actitud de la pasajera Laura Arrieta también fue considerada inusual por los fiscales. En los registros fílmicos, se la ve entregando un teléfono celular a una agente aduanera, quien responde con un gesto de aprobación. Este episodio, aparentemente trivial, no es anecdótico: revela una cadena de favores, gestos y omisiones que desmontan el relato oficial. En lugar de brindar explicaciones, el Gobierno eligió negar los hechos y cerrar filas. Pero las pruebas son claras: hubo facilitación, hubo trato privilegiado y hubo intervención de agentes estatales que actuaron fuera de todo protocolo.
Mientras Adorni niega responsabilidades y ensaya respuestas evasivas, la Justicia avanza con pedidos de información, análisis de llamadas, identificación de vehículos involucrados y citaciones a personal aduanero. La sospecha de contrabando no es menor: los fiscales subrayan que sin trazabilidad y sin inspección alguna, no puede descartarse la existencia de contenido ilegal o sensible en esas valijas. A esto se suma la relación del empresario Scatturice con el entorno presidencial y su creciente influencia dentro del esquema de negocios ligados al oficialismo.
Una escena que interpela al poder
Este caso expone con crudeza cómo opera la selectividad en el control estatal bajo la administración de Javier Milei. Mientras se exige «esfuerzo y sacrificio» a la sociedad, algunos sectores tienen rutas liberadas para actuar con total impunidad. La negación de lo evidente por parte del Gobierno, encarnada en la figura de su vocero Manuel Adorni, no solo resulta ofensiva, sino que también erosiona la credibilidad institucional. No se trata solo de valijas; se trata de una estructura de privilegios, encubrimiento y posibles delitos que deben ser investigados hasta sus últimas consecuencias.
La transparencia no se declama: se ejerce. Y cuando desde el poder se pretende negar lo que la justicia demuestra, se corre un riesgo mayor: naturalizar que algunos —los vinculados al poder real— estén por fuera de la ley. Este escándalo ya no puede taparse con frases de ocasión. Milei y su Gobierno tienen que explicar cómo, cuándo y por qué diez valijas entraron al país sin control y bajo el amparo del Estado. Porque en democracia, la ley debe ser igual para todos.
