El Gobierno anunció el cierre de Vialidad Nacional

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la eliminación de organismos clave en materia de infraestructura y seguridad vial, en el marco de un nuevo DNU firmado por Javier Milei.

 

El Gobierno nacional anunció este lunes el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, desde la Casa Rosada, quien explicó que el presidente Javier Milei firmó el decreto luego de la reciente confirmación judicial de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por una causa vinculada a la obra pública. «Este organismo se creó para simplificar la corrupción», afirmó Adorni, en alusión a Vialidad, y sostuvo que «la corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada y la acaba de firmar el presidente».

La reestructuración establece que las funciones de los organismos disueltos serán absorbidas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que será renombrada como Agencia de Control y Concesiones de Servicios Públicos del Transporte. Según detalló Adorni, esta nueva dependencia será la autoridad de aplicación en normas y actos administrativos vinculados a la fiscalización de concesiones viales. Además, se anticipó la apertura de una licitación para concesionar 9.120 kilómetros de rutas nacionales, señalando que muchas de ellas se encuentran degradadas tras «décadas de despilfarro y corrupción».

Desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), su titular Graciela Aleñá denunció que la medida representa «una maniobra ideológica para achicar el Estado» y advirtió que se dejarán sin mantenimiento más de 40.000 kilómetros de rutas. «Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza«, expresó la dirigente gremial. Alertó además que el cierre podría dejar a más de 5.500 trabajadores sin empleo y consideró que se trata de una estrategia para desmantelar el rol del Estado en la infraestructura pública. También cuestionó el traspaso de bienes públicos a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), al que calificó como una «privatización encubierta».

En su conferencia, Adorni justificó la eliminación de Vialidad Nacional sosteniendo que se trataba de una «organización que se controlaba a sí misma», y vinculó ese funcionamiento a las causas judiciales por corrupción en obra pública. En relación a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, consideró que no tenía capacidad de fiscalización autónoma y remarcó que actualmente «la tarea la realiza Gendarmería», con controles en más de 80.000 puntos del país. Asimismo, argumentó que la CNRT había quedado sin competencias luego de la desregulación del transporte, y que sus tareas de control serán absorbidas por la nueva agencia.

La medida se tomó en los últimos días de vigencia de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por el Congreso, y fue acompañada por una serie de decretos que también disuelven organismos del área de salud, agricultura y derechos humanos. Entre ellos, se encuentran el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, el Instituto Nacional de Semillas, el INADI, y el Instituto Nacional de Medicina Tropical, entre otros. Adorni justificó las decisiones como parte de una estrategia de «modernización del Estado» y apuntó contra estructuras que, según sus palabras, «se crearon para hacer caja».

En estos días trabajadores viales realizaron asambleas en distintas provincias y convocaron a movilizaciones frente a la sede central de Vialidad. Denuncian que el desfinanciamiento progresivo fue deliberado para justificar el cierre, y alertan sobre el impacto que tendrá la falta de planificación estatal sobre la seguridad vial, el federalismo operativo y la infraestructura crítica. «El costo del cierre no es económico, es social, institucional y productivo», advirtió Aleñá, al tiempo que llamó a resistir la medida y a construir unidad frente al avance de un modelo que —según denuncian— prioriza la rentabilidad privada por sobre el bienestar colectivo.

 

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